De cambios propuestos en el equilibrio de poderes

Comentábamos en una entrada anterior algunos aspectos sobre la viabilidad de una convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, y como el punto fundamental para el proyecto del gobierno actual es una redefinición del equilibrio entre los poderes del Estado, que concentre facultades en el Ejecutivo, reduciendo posibilidades de control existentes actualmente en el Legislativo. El Poder Judicial se mantendría sin grandes variaciones y el Tribunal Supremo de Elecciones vería reconocido su grado de cuarto poder de la República: el Poder Electoral, como en la práctica funciona.

Llama la atención particularmente el reforzamiento que se plantea del Poder Ejecutivo, lo cual implicará, evidentemente mayor concentración de poder en la presidencia de la República. Una medida como esta, si bien tiene como punto a favor que podría agilizar significativamente los tiempos de resolución de una serie de aspectos, lo cual aumentaría las posibilidades de aprovechar oportunidades coyunturales; encuentra por sí sola una serie de oposiciones.

Por un lado, el panorama político actual, con niveles de polarización política importantes, no se muestra como el indicado para concentrar poder en una figura. Una lectura sencilla de esta situación nos lleva a pensar que lejos de procurar crear los grandes concensos necesarios, la solución por la que se opta en esta propuesta es precisamenre obviar este camino, mediante el empoderamiento del ejecutivo.

Históricamente, una medida como esta nos plantea una especie de "volver" a la situación anterior a la actual Constitución, donde precisamente el equilibrio de poderes beneficiaba ampliamente a la presidencia de la República. Si bien sabemos que las condiciones no serían similares, está claro que ese modelo entró en crisis en momentos en que las posiciones políticas se polarizaron. Por tanto, una vuelta a esquemas similares encierra el riego del aumento de la violencia política, como ya ocurriera.

Por otra parte, la propuesta alterna implicaría llevar a un mecanismo de gobierno donde antes que concentrar poder, se pueda forzar la concreción de acuerdos. En este sentido, durante la Administración de Miguel Ángel Rodríguez se realiza una lectura similar sobre la coyuntura política nacional; sin embargo, se plantea un proyecto sustantivamente diferente.

En este, lejos de concentrar poder en el Ejecutivo, se propone el tránsito hacia un sistema semiparlamentario donde se restan atribuciones a la presidencia y se trasladan hacia un primer ministro y un gabinete salidos del Poder Legislativo. Para hacer viable esto, lógicamente se reestructuraría el Legislativo, aumentando el número de sus diputados y modificando los criterios de elección (habría diputados nacionales y circunscripcionales; se establecería la "carrera parlamentaria", entre otros cambios).

Con un sistema como ese, la formación de coaliciones de gobierno sería fundamental, lo cual cambiaría el sentido del accionar de las minorías y partidos de oposición, pues antes que el obstruccionismo, habría una necesidad de crear concensos y llegar a acuerdos. De lo contrario, perderían todos, pues la salida sería la convocatoria a elecciones anticipadas que permitan "desentrabar" el aparato estatal.

Esta propuesta, sin embargo, ha sido olvidada, y, aparentemente, desechada por las autoridades actuales; a pesar de que consideramos mucho más viable en estos momentos un cambio que lejos de polarizar oblique a generar construcciones colectivas más participativas.

Indudablemente, lo que queda claro, es que una misma situación genera lecturas diversas, y cómo a partir de ellas, las soluciones propuestas al mismo asunto pueden ser diametralmente opuestas,